La refundación del Estado boliviano

Sábado 21 de febrero de 2009, por Oficina Política

Por: Arturo Suárez Vargas, Ministro Consejero de la Embajada de Bolivia en Colombia


El pasado 25 de enero del año en curso, el pueblo boliviano registró en su historia contemporánea, la más amplia participación (90,6%) en los plebiscitos realizados hasta este momento y ha tenido que ver con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y su aprobación con un porcentaje de 61,43%, según la Corte Nacional Electoral, lo cual muestra el interés que despertó en el pueblo boliviano este evento democrático.

La Carta Magna sometida a aprobación fue el resultado de intensas deliberaciones de la Asamblea Constituyente, integrada por 255 representantes de los diferentes partidos políticos, organizaciones y fuerzas sociales, elegidos por voto directo y por departamento. La Asamblea Constituyente enfrentó muchos conflictos departamentales, acciones violentas y sabotajes, desde su instalación en la ciudad de Sucre el 6 de agosto de 2006, hasta el 15 de diciembre de 2007, cuando se clausuró con la aprobación del proyecto en detalle en la ciudad de Oruro, el mismo que fue ajustado y compatibilizado el 20 de octubre de 2008, por el Honorable Congreso Nacional.

En Boletín Informativo Enero 2009

Por la vía del referéndum, los bolivianos y las bolivianas, el pasado 25 de enero, aprobaron un nuevo proyecto de país que se funda en el respeto a la justicia social y la igualdad, cuyo texto establece las bases del Estado, introduciendo las conquistas sociales de los bolivianos que se refleja en el modelo de país, que asegura el establecimiento de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, que respeta la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, definiendo a Bolivia como “Un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente y soberano”, que subordina el poder político a las leyes y que privilegia los intereses colectivos por encima de los intereses individuales.

Según el nuevo texto constitucional el Estado boliviano reconoce la existencia de 36 naciones conformadas por pueblos indígenas originario campesinos y sus derechos colectivos, reconociendo sus estructuras colectivas, dotándoles de instituciones democráticas con pleno respeto y garantías a sus expresiones políticas, económicas, jurídicas, culturales y ancestrales. El nuevo sistema de Gobierno garantiza la forma democrática, participativa y comunitaria y el Estado se organiza a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, cuyas funciones no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables.

Las autonomías, entendidas como un proceso de descentralización permitirán una mejor articulación entre las regiones, los departamentos, los municipios y los pueblos indígenas en su relación e interacción con el Estado. El texto constitucional instituye cuatro tipos de autonomías: departamental, regional, municipal e indígena, por lo que queda fuera de lugar cualquier manifestación a no acatar los nuevos mandatos y preceptos constitucionales.

El referéndum aprobó un máximo de tenencia de tierra de 5.000 has, con el 85% del total de los votos, lo que reducirá el latifundio. La nueva Constitución garantiza además que los servicios básicos, energía, comunicaciones, agua, recursos naturales, mineros, hidrocarburíferos no sean privatizados ni subastados.

El triunfo del si se debe en particular a la acción decidida del movimiento de campesinos e indígenas, que en su condición de sectores históricamente excluidos, marginados y explotados, protagonizan el proceso de cambio para transformar el estado colonial y neoliberal, caracterizado por la subasta de los recursos naturales.

La implementación de la nueva Carta Magna, es el mayor desafío para el conjunto de la sociedad boliviana que a través de su Gobierno y sus instituciones debe reorientar sus acciones y cotidianidad en función de la nueva normativa resultante de su aplicación.

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